Miembros de la organización política Marea Socialista con el acompañamiento del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) acudieron este martes, 17 de enero, a la Defensoría del Pueblo para denunciar actos de persecución, amedrentamiento y retaliación política contra sus miembros.
En una carta entregada y recibida por la Defensoría se detallan los diferentes derechos vulnerados de los que ha sido víctima esta organización desde el año 2014, incluyendo el obstáculo para el ejercicio del derecho a la participación política, ya que todavía esperan respuesta por parte del Tribunal Supremo de Justicia para legalizarse como partido político.
Nicmer Evans, miembro de Marea Socialista, detalló en rueda de prensa que uno de los poderes constiuyentes reside en las organizaciones sociales y políticas y que no solo la Mesa de la Unidad Democrática ha sido objeto de señalamientos, pues ahora también hay objetivo político en contra de su organización que se declara socialista.
La idea del Gobierno es "callar la boca" de aquellos que no comparten su visión y Evans señaló que "hoy denunciamos y afirmamos que no nos vamos a callar. Estamos ante una ola de terror y eso también lo hacen con el Comando Anti Golpe".
Por su parte Gonzalo Gómez comentó que ha habido una secuencia de hechos que configuran una limitación de las libertades democráticas, derecho a la participación y con acciones de intimidación como el despido del dirigente Gustavo Martínez, quien luchó por la nacionalización de Fama de América de la mano de los trabajadores.
Dictadura del Siglo XXI
Por su parte, Inti Rodríguez, coordinador de investigación de Provea, agregó que el presidente Nicolás Maduro está lentamente extinguiendo el estado de derecho en Venezuela y que el 20 de octubre pasado se instauró una dictadura del siglo XXI, por la suspensión del proceso de recolección del 20% de las firmas para el referendo revocatorio.
"Acompañaremos a Marea Socialista en esta denuncia y en una eventual investigación por parte de la Defensoría del Pueblo, que es lo que hemos solicitado para garantizar que este tipo de hechos no se repitan en el país", indicó Rodríguez.
El Gobierno no tolera la disidencia política y el coordinador de Provea enfatizó en que Venezuela pasó, en 2014, de la represesión selectiva a la generalizada y que actualmente hay 160 personas detenidas por haber participado en protestas reclamando comida o servicios básicos. "Además como la Fiscalía General no ha querido imputar a estos ciudadanos entonces el Sebin y otros organismos los llevan ante la Fiscalía Militar".