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19 de enero de 2017

Chavistas críticos y familiares de Ricardo Durán pidieron lo mismo ante el MP: justicia

Los primeros piden que se eliminen las OLP y el comando antigolpe. Los segundos reclaman que, un año después, no hay nada claro sobre el asesinato del periodista
Se saludaron con respeto, compartieron algunas palabras y siguieron adelante con su protesta. Militantes del chavismo crítico y familiares del periodista Ricardo Durán (asesinado hace un año) coincidieron este jueves en las puertas del Ministerio Público (MP), en Parque Carabobo, con un reclamo similar: justicia.
La Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Crítico acudió al MP para rechazar la persecución de la que han sido objetivo, exigir la eliminación de las OLP y la derogación del comando antigolpe. Los familiares de Ricardo Durán, periodista y dirigente chavista, entregaron un documento en la institución para solicitar que sigan las investigaciones y se determine quiénes son los autores materiales e intelectuales del crimen.
Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se acercaron a los dirigentes del chavismo crítico para preguntarles las razones de la protesta y la acción que llevarían a cabo. También se aproximaron curiosos, algún que otro defensor del presidente Maduro y personas que aportaron más denuncias (como presuntas detenciones arbitrarias luego de las protestas y saqueos en el estado Bolívar). Más que entregar un documento, el propósito de esta visita al Ministerio Público (la tercera, según el dirigente chavista Tony Navas) era llamar la atención sobre lo que han calificado como “una cacería de brujas” contra el chavismo crítico y la oposición.
Los familiares de Ricardo Durán (su madre, sus hermanas, su esposa) consignaron un escrito en el MP en el cual demandan que el crimen del comunicador venezolano no quede impune.

Intimidar a la disidencia
Tony Navas recordó que persisten los rumores sobre la posible detención de Nicmer Evans, integrante de Marea Socialista, y de Miguel Rodríguez Torres, exministro de Relaciones Interiores. Sumó a esto las denominadas masacres de Barlovento y de Valles del Tuy, cometidas en el contexto de las OLP.
Navas recalcó que, no por incorporar la palabra “humanista” a las OLP, se logrará cambiar una política represiva. Advirtió que la respuesta de los Gobiernos a la protesta popular es la represión, y que Maduro no ha sido la excepción. Buscan también “intimidar a los sectores de la disidencia chavista y de disidencia política en general”, condenó.

Los representantes del chavismo crítico esperan que el Ministerio Público “no se preste a las detenciones arbitrarias” y que, por el contrario, “castigue a los violadores de derechos humanos”.
Como integrante del equipo coordinador de Marea Socialista, Nicmer Evans aseguró que hay una política represiva y dijo que lo único que le falta al Gobierno es decir que las OLP son “socialistas”. A su juicio, el comando antigolpe es ahora “una OLP política” que ratifica que el Ejecutivo opta por la violencia para mantenerse en el poder.
El comando antigolpe viola el debido proceso, acusó, y además está precedido de acusaciones de “terrorismo” y “traición” sin derecho a la defensa. Evans sostuvo que personas allegadas al Gobierno lo exhortaron a “bajarle dos”, o lo que es lo mismo, a dejar de criticar la gestión madurista, para evitar cualquier amenaza futura.

Un año y sin respuesta
Gladimar de Durán, esposa de Ricardo Durán, rememoró que su pareja fue asesinada en 2016. “Ha transcurrido un año y no se ha hecho justicia con Ricardo”, expuso, mientras amamantaba a la hija menor de ambos.
“Siguen detenidos 14 policías de Chacao, pero a nosotros no se nos ha dado respuesta en concreto de la participación de estas personas. Desconocemos si el autor material está entre los 14 policías”, sintetizó. En otras palabras, tal como lo describió, en la actualidad sólo hay “un proceso de investigación”.
“No vamos a permitir que esto quede en el limbo y que mañana haya una negociación política y no se administre justicia como esperamos todos”, fustigó Edgar Márquez, presidente de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de Abril.
Catorce funcionarios de Polichacao fueron acusados de presuntamente tener el arma con el cual se asesinó a Ricardo Durán, pero no han sido acusados por el Ministerio Público y forman parte de la lista de quienes la oposición considera como presos políticos que deben ser liberados, explicó Maite García, presidenta de la Fundación de Familiares de Víctimas del Sicariato Campesino.
“Le pedimos al Ministerio Público que se investigue a fondo, porque es importante para nosotros como familia”, reiteró Gladimar de Durán, minutos antes de entregar el documento en la institución.
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