Bajo órdenes del Ministerio de Educación, el Ipasme sufrió una serie de reformas en su responsabilidad de previsión y asistencia social; entre ellas se destaca la prohibición de certificar reposos que cuenten con un lapso mayor de 72 horas y la eliminación de las resoluciones por junta médica para tramitar incapacidades.
La institución solo quedó con la obligación de remitir cambios de actividad o capacidad laboral reducida.
Así lo denunciaron los directivos de los sindicatos nacionales y estadales Fenatev, Sumalara, Sinvemal, Colegio de Profesores, Colegio de Peritos y Técnicos y Asojumal durante la celebración de una asamblea extraordinaria en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sutelara).
Manuel Galíndez, secretario general de Fenatev, relató que en el mes de noviembre el Ministerio ejerció la medida a través de su jefe de Recursos Humanos, Marlene Díaz de Martínez, quien envió un memorándum a las 63 unidades médico – odontológicas del país a fin de informar sobre los polémicos cambios.
Según el sindicalista, la decisión es ilegal y viola estatutos legales de Constitución Nacional, Ley Orgánica del Trabajo, Ley Orgánica de Educación, Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, estatutos operativos del Ipasme y la VII Convención Colectiva.
"Todos los trabajadores vinculados al Ministerio tienen el derecho de ser atendidos, porque ese instituto fue creado para eso. El único ente que tiene la potestad de certificar los reposos e incapacidades es el Ipasme. No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se siga atropellando la salud de nuestros docentes”.
Explicó, que a raíz de estos cambios se evidencian las primeras consecuencias. Los docentes han buscado tramitar las solicitudes en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero no son atendidos por los médicos del centro debido a que el ministerio de Educación no ha informado sobre los cambios en la operatividad del Ipasme.