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21 de febrero de 2017

AN denuncia “grave extralimitación” de funciones del contralor general




La Asamblea Nacional fijó posición respecto de la intervención de la Dirección de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional ordenada por el contralor general de la República y respondió a las acusaciones de que es objeto por parte de este último.

A través de un comunicado la Asamblea Nacional (AN) se pronunció en rechazo al señalamiento de la Contraloría General de la República que asegura que esa institución legislativa entró en desacato de una disposición de su despacho.

El caso tiene que ver con la designación por el contralor general de la República, Manuel Galindo Ballesteros, de la funcionaria Mayren del Carmen Ríos Díaz, quien debe actuar como auditora interna de ese órgano legislativo según Resolución N.° 01-00-000126 el pasado 13 de febrero de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.095 de fecha 14 de febrero de 2017.

Efectivamente, en la nota de prensa de la AN, señala que hoy se dieron instrucciones “en el sentido de que, de presentarse en alguna de las dependencias de la Asamblea Nacional la ciudadana Mayren del Carmen Ríos Díaz, designada por el contralor general de la República como Auditora Interventora, se le recomendara acudir al Palacio Federal Legislativo para ser atendida por las autoridades de la Asamblea Nacional”.

A pesar de que a continuación reitera la AN su disposición a recibir a Ríos Díaz, “fija posición respecto de la intervención de la Dirección de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional ordenada por el contralor general de la República”.

Así, el comunicado del Parlamento Nacional asegura que “el contralor general de la República incurrió en grave extralimitación de funciones al haber ordenado la intervención de la Dirección de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional, ya que infringió los artículos 137 de la Constitución, 27, numeral 8, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, 57 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal y 7 del Reglamento sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados”.

Rechaza tal acción y asegura que Galindo Ballesteros “pretende fundamentar la intervención de nuestra Dirección de Auditoría Interna en la demora en la convocatoria del concurso público para la designación del Auditor Interno de la Asamblea Nacional, según se aduce en la Resolución 01-00-000126 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.095, de fecha 14 de febrero de 2017, dado que el actual Auditor Interno se desempeña interinamente desde abril de 2015, cuando fue nombrado por el entonces Presidente de la Asamblea Nacional, el Diputado Diosdado Cabello”.

“Sin embargo, ni la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal ni su Reglamento facultan al contralor general de la República para acordar la intervención de una Contraloría o Auditoría Interna con base en la omisión o demora en la celebración del correspondiente concurso, ya que el artículo 57 de ese Reglamento, al regular la intervención de los órganos de control fiscal se refiere a situaciones en las cuales ‘de las evaluaciones practicadas surgieren graves irregularidades’ que justificaren la intervención. En este caso no se ha efectuado ninguna auditoría o fiscalización de la Contraloría General de la República en la Asamblea Nacional, en la cual se hayan constatado ‘graves irregularidades’ que dieran lugar a un procedimiento en el que pudiera luego ordenarse la intervención, sostiene el comunicado.

Agrega el pronunciamiento de la Asamblea Nacional señalando que “sería absurdo, por irracional y desproporcionado, intervenir la Auditoría Interna de la Asamblea Nacional ante la falta de convocatoria de un concurso público, pues dicha intervención en nada contribuiría a lograr el fin que se querría alcanzar, la celebración del concurso, cuya convocatoria no es responsabilidad del Auditor Interno de la Asamblea Nacional sino de las máximas autoridades del organismo. Lo anterior demuestra que la alusión a la demora en la celebración del concurso es un pretexto para cumplir el objetivo político de afectar el cabal funcionamiento de la Asamblea Nacional como poder autónomo”.

Continúa el escrito y más abajo aprovecha para advertir que “desde el año 2000 las sucesivas autoridades de la Asamblea Nacional omitieron la celebración de concursos públicos para la designación de los Auditores Internos. La última designación la hizo el Diputado Diosdado Cabello, en abril de 2015, y recayó sobre quien actualmente ejerce interinamente las funciones de Auditor Interno. Nuestra Directiva anterior, electa el 5 de enero de 2016, actuando conforme a la ley, no sustituyó a dicho Auditor Interno sino que lo mantuvo en su cargo y cuando se disponía a convocar el concurso sus actos dejaron de ser publicados en Gaceta Oficial, lo cual dificulta sobremanera la realización del concurso público. Pero lo más grave es que quien era Presidente de la Asamblea Nacional cuando fue designado el actual Auditor Interno, el Diputado Diosdado Cabello, hizo caso omiso de la exhortación que en su oportunidad le hiciera el contralor general de la República para que procediera a la convocatoria del concurso público, según se desprende de documento que reposa en nuestros archivos, sin que esto diera lugar a la intervención de la Auditoría Interna de la Asamblea Nacional -que hubiera sido inconstitucional por las razones expuestas-, ni a la apertura de un procedimiento sancionatorio por la Contraloría General de la República”.

“La ausencia de convocatoria del concurso público fue práctica habitual en la Asamblea Nacional, sin que la Contraloría General de la República adoptara medida alguna, a pesar de que las anteriores autoridades parlamentarias sí estaban en condiciones de cumplir con todos los pasos legal y reglamentariamente exigidos para la celebración del concurso”, sostiene la actual Junta Directiva de la AN.

Más adelante, finaliza señalando que “en uso de su autonomía la Asamblea Nacional procederá a convocar el concurso público respectivo, ante la próxima jubilación del actual Auditor interino, y espera que el contralor general de la República actúe para que los actos del concurso que lo requieren sean publicados en Gaceta Oficial”.

Caracas, 20 de febrero de 2017.
El Universal
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