Los depidos de trabajadores en el central azucarero Pío Tmayo, de El Tocuyo, han continuado por parte de la junta interventora que preside el general Wilfredo Silva.
La denuncia la formuló Nobel Quetel, secretario general del Sindicato Bolivariano de Trabajadores de la Azucarera Pío Tamayo, luego de encabezar una asamblea de afiliados.
La directiva de la empresa no permitió el acceso de los periodistas a la misma.
Explicó que para aplicar los despidos, no sólo en la factoría tocuyana sino en las otras del país, dependientes de CVA Azúcar, la junta interventora se basa en el decreto presidencial de intervención, liquidación y supresión de la empresa, número 474, publicado en la Gaceta Oficial 40.269 de octubre de 2013.
Quetel denunció que la masa trabajadora de la empresa ha venido siendo víctima de atropellos por parte de los interventores, como la no implementador del tabulador, manteniendo al personal con el salario mínimo, eliminación de cinco días del bono vacacional, disminución de cinco días de vacaciones, reducción del HCM a sólo 100 mil bolívares, deuda de 14 dotaciones de uniformes, no entrega de implementos de seguridad y lo que es más grave, el despido de personal.
El dirigente sindical también se refirió al estado de las instalaciones y dijo que muchos equipos se encuentran en avanzado deterioro por falta de inyección de recursos.
Según Quetel, la factoría sólo funciona gracias a la calidad de mano de obra de que dispone al punto de que los mismos trabajadores quitan piezas de un equipo para que otra no se pare.
"Veo muy fea la próxima zafra porque el gobierno no le mete mano a la empresa”, afirmó.
Prohibido protestar
Edgar Contreras y Diolis Silva, de Socadol y Asocaña, respectivamente, por su parte, mostraron la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de Lara, mediante la cual les prohiben protestar en la entrada a la factoría.
La decisión, del 22 de junio, que le fue notificada a ambos el 5 de agosto, les ordena, "No interrumpir de manera alguna la actividad generada por Azucarera Pío Tamayo, ni impedir el paso de los trabajadores y camiones a la sede de manera alguna”. Ambos, junto a José Asunción Pérez, han venido denunciando la situación de la empresa, que afecta a cañicultores, grandes y perqueños.