A los archivos del Ministerio Público. Allí irán a parar dos de las denuncias que opositores y ciudadanos de a pie han interpuesto en los últimos meses contra el presidente Nicolás Maduro, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avaló la decisión de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, de desecharlas.
La decisión la adoptó la Sala Plena el 24 de febrero, según figura en la web del máximo juzgado, en la cual se anuncia que la instancia conformada por los 32 magistrados declaró con lugar las solicitudes de la jefa del Ministerio Público para desestimar las dos querellas contra el mandatario, por considerar que no había elementos para investigarlo.
La primera acción enviada al archivo es la que el diputado opositor Walter Márquez presentó en 2013 contra Maduro, a quien acusó de estar incurso en los delitos de falsa atestación y fraude a la ley por asegurar que es venezolano de nacimiento, cuando, según él, habría nacido en Colombia y, por lo tanto no podía postularse a la Presidencia de la República.
La segunda denuncia desestimada fue una que cuatro ciudadanos interpusieron en 2014 contra el Jefe del Estado y la entonces ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, por presuntamente no garantizar el derecho a la protesta.
Los fallos números 32 y 33, que atienden las peticiones de Ortega Díaz, fueron redactados por la presidenta del TSJ, magistrada Gladys Gutiérrez.
El máximo juzgado sigue así su tradición, pues entre el 2000 y 2011 rechazó 68 acciones que buscaban enjuiciar al fallecido Hugo Chávez.
Otras dos respuestas iguales
Pero las dos querellas contra el Jefe del Estado no fueron las únicas que el TSJ desechó, pues en febrero también autorizó al Ministerio Público a cerrar definitivamente otras dos contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
El pasado 19 de febrero, la Sala Plena aprobó la sentencia redactada por el hoy magistrado jubilado Luis Franceschi, en la cual se avaló la decisión de Ortega Díaz de sobreseer (exonerar) a Cabello, así como a Wilmer Flores Trossel, Joel Reyes y de Rafael Campos del delito de evasión de procedimientos licitatorios.
Esta denuncia la interpuso en 2009 el entonces procurador de Miranda, Rafael Guzmán, quien acusó a Cabello y a los sus tres excolaboradores en su gestión en la entidad de entregar a dedo (adjudicación directa) cinco contratos, por más de 10 millones de bolívares, para la adquisición de equipos para la Policía regional.
Aunque corroboró que no hubo licitación, la Fiscalía dijo que los señalamientos "no cuentan con asidero jurídico", pues la "adjudicación fue otorgada a una empresa estatal".
El mismo 19 de febrero fue desechada la segunda denuncia contra Cabello, la cual fue presentada por los diputados opositora Dinorah Figuera (PJ-Caracas) y Juan Patiño (PJ-Sucre) en octubre de 2013, quienes acusaron al legislador de abusar de sus funciones y maltratarlos. Este caso el Ministerio Público pidió cerrarlo, porque los denunciantes no precisaron "hechos concretos" ni especificaron "en qué consistió la conducta delictual que según ellos desplegó el denunciado".
La organización Un Estado de Derecho, en un informe publicado el año pasado, reveló que en nueve años las salas Constitucional, Electoral y Político Administrativa no han dictado una sola sentencia desfavorable al Gobierno.