La Administración de Donald Trump defendió este martes por la noche que los dos vuelos con venezolanos deportados no incumplieron la orden de un juez federal que suspendía temporalmente dichas expulsiones, respaldándose en una antigua ley de tiempos de guerra.
El juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, había ordenado previamente al Departamento de Justicia que explicara por qué no se detuvieron los vuelos que trasladaron a presuntos miembros de bandas criminales venezolanas hacia El Salvador el pasado 15 de marzo, pese a su dictamen de suspensión por dos semanas. La administración argumentó que las deportaciones se llevaron a cabo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
En un documento presentado ante el tribunal, los abogados del Departamento de Justicia reiteraron que los aviones ya habían salido del espacio aéreo estadounidense cuando Boasberg emitió la orden escrita a las 7:25 p. m. (hora del Este), por lo que no había obligación de hacerlos regresar. Además, desestimaron la relevancia de la orden oral que el juez pronunció dos horas antes, durante una audiencia en la que solicitó detener cualquier vuelo relacionado.
Boasberg había solicitado más información sobre la hora exacta de despegue de los vuelos y el número de venezolanos a bordo para evaluar si su orden fue violada. Sin embargo, el Departamento de Justicia no proporcionó estos detalles.
El juez dio a la administración la posibilidad de invocar el privilegio de secretos de Estado, un principio legal que restringe la divulgación de información sensible en litigios civiles, y justificó esta decisión al considerar que la solicitud del juez interfería en las competencias del Poder Ejecutivo sobre diplomacia y seguridad nacional.
«La divulgación de esta información podría causar un daño significativo a los intereses de las relaciones exteriores de los Estados Unidos«, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en una declaración presentada ante el juez.
Por su parte, los abogados que representan a los migrantes venezolanos tendrán hasta el 31 de marzo para responder a los argumentos del Departamento de Justicia. Boasberg advirtió sobre posibles consecuencias si determina que la administración violó su orden, aunque no especificó cuáles serían.
El caso representa una prueba clave para las amplias facultades ejecutivas reclamadas por Trump. Con el respaldo mayoritario de su partido en ambas cámaras del Congreso, los tribunales federales han surgido como uno de los principales contrapesos a las medidas impulsadas por el mandatario.
Tras la decisión de Boasberg de suspender las deportaciones, Trump solicitó la destitución del juez mediante un proceso de juicio político. En respuesta, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió un inusual comunicado en el que criticó la postura del mandatario, destacando que las apelaciones judiciales, y no el juicio político, son el mecanismo adecuado para impugnar decisiones judiciales.
Con información de Reuters.
