El exministro de Petróleo durante la era de Hugo Chávez y expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, agradeció este domingo que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, haya visitado Venezuela y escuchado a los familiares de las víctimas, pero “particularmente que haya recibido a las esposas y familiares de los trabajadores de Pdvsa y militares presos”, por lo que de esta forma se reconocen “los derechos de los chavistas perseguidos y presos” que se oponen al “madurismo”.
En su artículo dominical, y a propósito de que Nicolás Maduro “trata de manipular y capitalizar” la visita de la Alta Comisionada, Ramírez propone 35 acciones para que la administración de Maduro “cumpla sus compromisos y cese la impunidad” en Venezuela, en aras de “ayudar al reducido equipo” de Bachelet que permanecerá unos meses en el país caribeño:
- Fé de vida y levantamiento de información de todos los secuestrados en centros de detención, incluyendo a los trabajadores de PDVSA y los efectivos de la FANB. Precisar su ubicación.
- Certificación por el equipo de la Alta Comisionada de la lista de presos políticos, civiles y militares, trabajadores de PDVSA, efectivos de la FANB.
- Fé de vida del Mayor General Rodríguez Torres y del General Raúl Baduel.
- Reconocer el carácter de presos políticos de los secuestrados por maduro por razones políticas y razzias en instituciones y empresas públicas, como PDVSA, Corpoelec y Ferrominera entre otras.
- Exigir que se incluyan dentro de los censos y consideraciones aquí expuestas, a todos los presos de las mencionadas cárceles, evitando que, bajo el calificativo de “presos comunes”, acusaciones de “corrupción” o “traición” , se desvirtúe el carácter político de su reclusión. Éste es el caso de los trabajadores de PDVSA y de los militares.
- Inspección a los centros de detención del Sebin, Dgcim, La Tumba, Fuerte Tiuna, El Helicoide. Entrevistas a los detenidos-secuestrados.
- Exigir un censo de cárceles y centros de reclusión de todo el país, con el número y la identificación, así como, el status de sus juicios y procedimientos penales, de presos y secuestrados por razones políticas y comunes así como, el estado físico de los mismos.
- Identificar uno a uno el status de los procedimientos penales de cada uno de los imputados y privados de libertad en las cárceles antes indicada.
- Debe exigirse que se proceda a otorgar las audiencias correspondientes a los imputados que han sido privados de libertad. (En este sentido, debe exigirse el cumplimiento de la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal cuyos artículos 9 y 229 son muy claros al señalar que la privación de libertad de un imputado es de carácter EXCEPCIONAL. Es decir, no es regla que un imputado sea privado de su libertad, todo lo contrario. Si no fuera así, no existiría el derecho a la presunción de inocencia. La detención preventiva es excepcional, y la norma que la permite es de interpretación restrictiva. En consecuencia, según el artículo 132 ejusdem, a las 12 horas de la aprehensión de una persona, debe notificarse al Juez; a las 24 horas (art. 232) más 48 (art. 233), debe producirse la audiencia y la decisión del Juez, de lo contrario, el imputado ha de quedar automáticamente en libertad).
- Debe garantizarse que ningún imputado se mantenga, tal como lo establece el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, más de dos años en custodia. Lo contrario, constituye un HECHO NOTORIO de violación por parte del gobierno, de los Derechos Humanos.
- Debe garantizarse, tal como lo señala el artículo 231 ejusdem, que ningún imputado mayor de 70 años, sea detenido (privado de libertad) siquiera preventivamente.
- Debe garantizarse que las actuaciones policiales cumplan las reglas establecidas en la ley para su intervención, durante la aprehensión y participación en todo el proceso penal (art. 119 ejusdem), so pena de incurrir en responsabilidades penales.
- Debe garantizarse que se generen responsabilidades a los funcionarios que violen los Derechos Humanos de los imputados, tal como lo establece el artículo 123 ejusdem.
- Debe garantizarse el respeto a la dignidad, debido proceso, defensa, contradictorio, presunción de inocencia, protección de la Constitución, Cosa Juzgada, de los imputados (artículos 10 y siguientes ejusdem).
- Debe, sobre todo, garantizarse que la acción penal esté en manos del Estado a través del Ministerio Público debidamente restituido, y no de un órgano distinto, menos aún del presidente de la República ( art. 11 ejusdem).
- Garantizar que cesen las torturas, secuestros, exilios, confiscaciones de bienes, tanto de los imputados, como de sus familiares.
- Liberación inmediata de todos los detenidos y secuestrados, incluyendo a los trabajadores de PDVSA y efectivos de la FANB.
- Facilidades al equipo de la Alta Comisionada para que se puedan recibir familiares y víctimas de violación de los DDHH en las oficinas de la ONU en Caracas y, dados los severos problemas de transporte existentes, abrir centros de atención en el oriente y occidente del país para el mismo propósito.
- Crear una Comisión internacional de Juristas que revisen los juicios y procedimientos aplicados a los imputados por el Ministerio Público o bajo medidas judiciales.
- Que se restablezcan el derecho a la dignidad, la reputación, la defensa, la presunción de la inocencia.
- Eliminar el uso de la justicia como instrumento de persecución política.
- Que el gobierno y una misión política de la ONU garantice los derechos y plena libertad de los exiliados políticos para que podamos retornar al país.
- Intervenir o disolver la “Comisión de la Verdad”. Crear un organismo de Juristas internacionales, con el apoyo de la ONU, que investigue todos los crímenes y hechos de violencia política ocurrida en el país, entre 2013-2019, incluyendo la muerte en custodia del ex ministro Nelson Martínez.
- Solicitar la Intervención del Ministerio Público y que una comisión independiente de juristas pueda efectuar una revisión de todos los casos e imputaciones que ha formulado dicho organismo. Es Fiscal General debe renunciar.
- Abrir un proceso acelerado y transparente para resolver y revisar los casos judiciales que estén en curso, sin sentencia firme.
- Solicitar la intervención y desactivación del FAES. Investigar los crímenes y violaciones a los DDHH de este organismo.
- Solicitar la intervención del SEBIN. Investigar los crímenes y violaciones a los DDHH de este organismo. Recibir e investigar las denuncias formuladas por el Mayor General Cristopher Figuera
- Investigar los crímenes y violaciones a los DDHH cometidos por el Dgcim.
- Anular las Órdenes de extradición y captura emitidas por el TSJ en fecha 17 de agosto de 2018.
- Permitir el acceso del equipo de la Alta Comisionada a los penales para presos comunes del país.
- Investigar los casos de muertes y matanzas en dichos penales, así como abrir una investigación sobre la muerte de más de 67 presos comunes quemados vivos en calabozos de la policía de Carabobo, el día 29 de marzo de 2018.
- Exigir al gobierno, los ministerios respectivos y al Instituto Nacional de Estadística, la publicación de todas las estadísticas en relación a la salud, mortalidad infantil, educación y todos los indicadores de desarrollo social en el país.
- Solicitar apoyo a la OPS, OMS, la UNICEF, la ACNUR, la FAO, la CEPAL, entre otros organismos de las Naciones Unidas, para restablecer el levantamiento y las estadísticas de los indicadores económicos y sociales en el país.
- Hacer un levantamiento nacional, con el apoyo de la Cruz Roja, la OMS, OPS y otras organizaciones internacionales de las necesidades de medicamentos y tratamientos especiales para enfermedades crónicas y de alto riesgo, así como el estado de la infraestructura de salud en el país.
- Hacer un levantamiento nacional, con apoyo de la FAO, UNICEF y otros organismos de la ONU, de las necesidades de alimentación y los niveles de desnutrición en el país, sobre todo en niños, mujeres embarazadas y ancianos.
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Verdaderamente, la oficina de la Alta Comisionada y demás organismos de las Naciones Unidas tendrían mucho que hacer en el país; todos los sectores nacionales tenemos que sumar esfuerzos y voluntades para prestar todo el apoyo a esta encomiable labor, así como para desenmascarar esta absurda e intolerable situación de violación de los DDHH que sufre nuestro pueblo.
- Reconocer y entender que los DDHH deben tratarse sin politización, ni discriminación, son universales y para todos. Que no se puede tolerar ninguna muerte, ningún atropello, ningún gobierno, y menos uno que se proclama, al menos, progresista, puede sustentarse sobre el sufrimiento y la crueldad.
- Reconocer a la otra mitad del país, que los Chavistas presos, torturados y perseguidos por el madurismo, somos ciudadanos, seres humanos que tenemos, por tanto, derechos y haremos que se respeten. Seamos todos, como una sola voz, los que exigimos el cese a la impunidad del gobierno, el respeto a los Derechos Humanos y la plena vigencia de nuestra Constitución.
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