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22 de febrero de 2017

Más de 100 sentencias acumula el TSJ contra los derechos fundamentales



Las organizaciones de la sociedad civil Acceso a la Justicia, Invesp, Espacio Público, Provea, Sinergia y Transparencia Venezuela realizaron una alianza bajo la Red de Justicia, para investigar las sentencias donde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) vulnere los derechos de los venezolanos en diferentes aspectos legales y judiciales.

El pasado lunes 20 de febrero se realizó el foro Los poderes en la mira donde presentaron el trabajo realizado en el 2016 ‘Memorial de agravios del TSJ, que arrojó más de 100 sentencias que desconocen derechos fundamentales de los ciudadanos como el de la libertad de expresión, acceso a la información, participación, asociación o al sufragio, y que afectan directamente la salud, la vivienda y la vida de los venezolanos, por ajustarse a los designios del Poder Ejecutivo.

Durante el foro se dieron tres ponencias, una por parte de la socióloga y coordinadora de Transparencia Venezuela en Lara, Yonaide Sánchez, quien presentó El memorial de agravios, sin justicia no hay paraíso. El segundo ponente fue Jorge Rosell, expresidente de la Sala de Casación Penal del TSJ, presentando Cómo acabar con una democracia a través de sentencias del TSJ; y por último se presentó Jairo García, director de Universitas Fundación, hablando sobre El sistema se justicia: de herramienta ciudadana a blindaje del poder.

La coordinadora del capítulo Lara de Transparencia Venezuela, Yonaide Sánchez relató que estas sentencias no solamente están violando las leyes venezolanas, sino que también agrede los derechos humanos que están avalados por la comunidad internacional, además resaltó que todo esto configura un TSJ donde muchos de los magistrados no cumplen los requisitos, que no está ajustado a la Constitución ni a los deberes como poder independiente.

“Cuando las esferas de la justicia y el poder no se respetan mutuamente, sino que la esfera del poder invade la justicia se fractura severamente la salud de la democracia y los ciudadanos quedan indefensos”, relató la socióloga.

Por otra parte, Jorge Rosell, quien también fue presidente del Colegio de Abogados del estado Lara, refirió en su ponencia la forma como se ha destruido la democracia a través del Poder Judicial. “Estamos viendo cómo la democracia venezolana está sucumbiendo ante las decisiones del TSJ, no es asunto de interpretación de normas constitucionales, es la violación flagrante de la normativa constitucional que es la base fundamental de las decisiones del tribunal”, explicó el abogado destacando que no es posible que la rendición de cuenta del presidente se haya dado ante los magistrados del TSJ y no ante el Poder legislativo a quien le corresponde por ley esta función.

Se refirió además que el Tribunal ha coartado las funciones de la Asamblea Nacional, dejándola sin funciones en el ámbito político, a pesar de ser el único poder –luego del Ejecutivo- electo por la soberanía, además es el único con el poder de destituir y elegir a quienes se encuentren en los cargos judiciales del país.

Es importante destacar, que se abordó el tema de la falta de elecciones en los diferentes gremios constituidos y la función que cumple el Poder Electoral dentro de estos procesos, aplaudiendo el acto de “rebelión” que se vio en los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), haciendo un llamado a las asociaciones gremiales a seguir este ejemplo.

En relación a esto, el actual presidente del Colegio de Abogados del estado Lara, Enrique Romero, mostró su apoyo. “El último proceso que se celebró dentro de nuestro gremio en este estado fue en el 2008, por eso es muy importante la actividad realizada el pasado viernes en la UCV”, comentó Romero, aportando que los colegios de profesionales y universidades no necesitan de órgano electoral alguno –más que el interno- para realizar cualquier proceso de elecciones.

Esperan que se apruebe el último cronograma que se envió al Consejo Nacional Electoral (CNE), de ser así estaría celebrando sus comicios en mayo, de lo contrario tomarían acciones propias para ejercer este derecho.
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