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25 de febrero de 2017

Atención padres: Violencia aumentó en colegios venezolanos y estas son las razones


El asesinato a golpes de una estudiante embarazada por parte de sus compañeras de clases abre un precedente en el país. El suceso no solo es el primero en su estilo sino, además, pone en evidencia cómo la crisis social escala en cada uno de los sectores de la población.

La muerte de Michell Longa es un reflejo de sucesos que se repiten a diario a lo largo y ancho del territorio nacional. Venezuela es el segundo país más violento del mundo con una tasa de 54 homicidios por cada 100 mil habitantes, según el informe de la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en 2016. Las escuelas y liceos no escapan de esta realidad.

Las agresiones en instituciones educativas han ido aumentando en frecuencia e intensidad en los últimos años. Solo en 2015 se registraron 1.671 actos de violencia escolar, incrementando en un 38% con respecto al año anterior cuando se contaron 1.210 casos.
Violencia escolar por delito en el año 2015/ Cortesía: Cecodap

“El crimen de esta adolescente asesinada nos da una señal de cómo la violencia está afectando a la dinámica escolar”, afirma el profesor y coordinador del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), Óscar Misle Terrero.

Señala que este suceso muestra un hecho que se repite en otros ámbitos y espacios del país, pero de una forma dramática por la condición de embarazo de la joven y el hecho de que fue atacada por un grupo de mujeres.

“La intolerancia, el irrespeto, la agresión como una forma de solucionar conflictos, satanizar al que estudia porque generalmente hay un desprecio al que tiene posibilidades de superarse debido a un tema de percepción social, son cosas que se ven en otros ámbitos fuera de los colegios”, subraya.
Los efectos de la crisis

Escuelas y liceos no están exentos de las embestidas de la inseguridad, la escasez y la alta inflación. Los reportes de robos a estas instituciones son tan comunes como las historias de estudiantes que se han desmayado en plena clase a causa del hambre, o como las de jóvenes que faltan a las aulas por no tener dinero para pasaje o para comprar el uniforme reglamentario.

Todas estas situaciones podría estar afectando dramáticamente la convivencia en los colegios. De acuerdo con Misle Terrero, “hay una tendencia en las escuelas a causa de la frustración que genera las dificultades que tiene las personas para tener lo que necesitan”. Esto, indica, se ha convertido en un importante “detonante” que hace que se afecte la convivencia académica.

“Si hay una influencia directa de toda la agresión social por todo lo que significa no poder disfrutar lo que te toca por derecho, por supuesto que afecta emocionalmente a los estudiantes y docentes. Por lo que la posibilidad de que la hostilidad tome los pupitres aumenta. Por eso detrás del hecho del asesinato habría que ver de qué manera lo que está sucediendo socialmente genera un efecto explosivo”.
La impunidad

Algo resaltante en el asesinato de Longa es que dos de sus tres atacantes son menores de edad. Con 16 y 17 años, ambas podrían recibir una condena máxima de 10 años por el crimen que cometieron.

El abogado penalista Luis Izquiel explica que la sentencia dependerá de la calificación jurídica que coloque el juez que lleve el caso. Sin embargo aclara que, gracias a una reforma en la la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente (Lopna) realizada en 2015, las penas máximas para los mayores de 14 y menores de 17 es de 10 años.

“Pudiéramos estar hablando de un homicidio intencional porque querían matarla o estar en presencia de un homicidio preterintencionl. Es decir, que querían lesionarla pero terminaron matándola”, añade. En cualquier caso, la otra agresora (18) puede enfrentar una pena de 12 a 18 años, según el experto.


No obstante, la propia impunidad que se vive en el país pudo ser otro factor para que estas tres jóvenes actuaran contra Longa.

“Cuando hay impunidad eso son los medios que usa la gente para tomar la justicia por sus propias manos”, destaca Misle Terrero. “La impunidad que existe y la tendencia de tomar la justicia por las propias manos y utilizar la violencia extrema porque hubo un incumplimiento de responsabilidad de las compañeras que fueron sacadas del trabajo y no querían que las sacaran, también pasa en las calles”.

Por su parte, el sociólogo Francisco Coello concuerda con el académico. Mantiene que el hecho de que no haya ningún costo por cometer actos violentos o delictivos va consumiendo a toda la sociedad.
Los hijos de la revolución

El experto asevera que esta clase de actos son una “herencia” de estos 18 años de Gobierno debido a que el lenguaje de la violencia se ha hecho cotidiano desde el Poder.

“Desde que comenzó todo este período político, con el expresidente Hugo Chávez hasta el mandatario Nicolás Maduro y sus terratenientes, hablar y expresarse de manera violenta, referirse a los políticos en términos militares y las expresiones más que notorios de solidaridad de sectores del Gobierno con grupos delictivos, son comunes”, afirma.

Alude a casos como las fotografías de la ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, junto a los pranes de las cárceles venezolanas y a las acusaciones al vicepresidente Tareck El Aissami por sus supuestos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo.

“Si los máximos representantes del Estado están metidos en estos asuntos qué se puede esperar aguas abajo”, añade.

El especialista asegura que el asesinato de la estudiante embarazada no es un precedente sino un hecho que se suma a un fenómeno que se ha extendido a liceos y escuelas.

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