La realidad es que Linda no encuentra medicamentos para aliviarse de la diarrea que tiene desde hace tres días. También es cierto que en el país, mientras centenares de personas hacen cola para comprar lo básico o tumban mangos para saciar el hambre, otros centenares reafirman su apoyo al presidente Nicolás Maduro y ratifican su lealtad al proyecto de Hugo Chávez. En el informe Venezuela: al borde del precipicio, elaborado por International Crisis Group y difundido recientemente, se señalan la escasez y la violencia como datos alarmantes de la realidad venezolana y se advierte que, tanto la comunidad internacional como la Organización de Estados Americanos “deben presionar por un diálogo político, la apertura de las vías legales para el referendo revocatorio en 2016 y la autorización para la entrada al país de ayuda humanitaria”.
Phillip Gunson, analista de International Crisis Group, sostiene que existe un gran riesgo de que el conflicto no termine pacíficamente. “Lo que estamos percibiendo es que los espacios o los mecanismos para una solución pacífica, democrática y constitucional están siendo cerrados, desmantelados”, asegura Gunson a Contrapunto.
La organización, luego de las elecciones parlamentarias, consideró que se abría “una gran oportunidad” para el país porque lo lógico, en un sistema democrático, es que dos fuerzas políticas antagónicas se reconozcan y se pongan de acuerdo: “Tienes un Presidente elegido en elecciones democráticas y un Parlamento elegido de la misma manera”, lo que significa “que el país está dividido”. El analista insiste en que, ante una situación así, “hace falta diálogo”, pero hasta ahora “ha sido todo lo contrario”. Cada día se constata, alerta, que “los poderes están más enfrentados que nunca, hasta el punto de desconocerse mutuamente”. Que la Asamblea Nacional (AN) diga que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no son legítimas y que el TSJ afirme que el Parlamento actúa fuera del marco constitucional “es la receta, no solo para el estancamiento político, sino para la catástrofe”.
Gunson enfatiza que, por un lado, hay “presión social y política”, y por otra, “un sistema político que debe producir un avance”, pero la realidad es que “persiste el estancamiento en circunstancias que ameritan ajustes urgentes”.
Lo percibe claramente como “un engranaje paralizado, una mezcla tóxica de crisis con estancamiento político y cierre de las válvulas democráticas de escape”. Y avizora que, con esa lógica, el único resultado puede ser “la explosión”.
-¿Por dónde vendrá?
-No percibimos claramente por donde se va a producir la explosión. Podría venir, por ejemplo, de la mano de los militares, de facciones dentro de los militares que digan que esto llego al punto de no retorno. O podría producirse una situación en la calle que se salga de las manos de la policía o de la Guardia Nacional, y que obligue a sacar el ejército a la calle. ¡Quién sabe qué podría pasar! El ejército podría decir que no atiende el teléfono porque su trabajo no es salvar este gobierno. En el peor de los casos podría producirse una ruptura en las fuerzas militares. Pase lo que pase, si tienes una situación de mucha tensión habrá muertos, heridos y mucha violencia, y eso es lo que tememos.
"El ejército podría decir que no atiende el teléfono porque su trabajo no es salvar este gobierno". Foto: AVN
Las cosas no van como dice la Constitución
-¿Cuál es el engranaje paralizado?
-Las cosas no están funcionando según manda la Constitución. En la Constitución existe la separación de poderes y cada poder tiene su responsabilidad. El Parlamento debería estar legislando, pero no ha podido porque los intentos que ha hecho han sido bloqueados, parados por el TSJ en manos del Ejecutivo. Aunque cada uno de estos poderes hiciera lo que quisiera no funcionaría, porque aplican políticas con las que se neutralizan mutuamente.
-¿No hay avance?
-No hay avance. La situación empeora cada día, cada semana hay más y más tensión. Una cosa interesante para examinar es hasta qué punto el revocatorio es una válvula de escape. El gobierno tiene el poder y el control institucional para parar el referéndum si así o decidiera. Creo que el referéndum va a ser una decisión política por parte del alto Gobierno. Si el CNE o el TSJ se pronuncian contra el revocatorio este año podríamos ver una situación mucho más complicada en la calle.
-¿Debe el Gobierno facilitar el referéndum este año?
-Creo que sí, aplicando los lapsos de la Constitución y el reglamento del CNE. No debería demorarse más allá de finales de este año. Pero hay evidencia de que lo que sucede es que hay una decisión política del Gobierno de demorar el referéndum y no hacerlo este año. Creo que es la estrategia que ha adoptado el gobierno. Evidentemente es complicado porque, para el gobierno, no es simplemente esperar otra elección para volver al poder; es existencial. Ambos lados ven en un cambio de gobierno un juego suma cero: el gobierno lo ve como la desaparición, un apocalipsis; y buena parte de la oposición lo ve como la manera de vencer definitivamente al chavismo. De allí la necesidad de un árbitro que no vemos dentro del país.
-¿Por qué?
-Ha podido jugar un rol importante la Iglesia católica, pero la jerarquía de la Iglesia y del Gobierno tienen una distancia muy grande. Es un problema que tienen que arreglar los venezolanos, pero para que haya un espacio donde ambas partes puedan hablar con cierta confianza tiene que haber un árbitro y un espacio neutral donde los dos lados puedan encontrarse. Lo que vemos en Venezuela es como si el gobierno hablara chino y la oposición griego. Su narrativa sobre lo que está pasando en el país es muy diferente. Algunos lo comparan con dos equipos en una cancha jugando dos deportes diferentes.
La jerarquía de la Iglesia católica ha podido cumplir un rol importante, pero el Gobierno no confía en ella. Foto: Ernesto García
Oposición a Maduro es mayoría
-¿Cómo lograr que hablen el mismo idioma?
-Tal vez si hubiese quien interprete y que cuente con la confianza de ambos sea posible llegar a algo. Eso pasa por un reconocimiento por parte del gobierno de que ha pasado algo en la política venezolana, que la de ahora no es la misma situación de cuando estaba Chávez vivo y tenían apoyo popular y hegemonía política. Las encuestas indican que la MUD puede no ser mayoría, pero la oposición al gobierno de Maduro sí es mayoría y eso implica que tiene que haber concesiones.
-¿Ese entendimiento por qué aspectos debe pasar, a su juicio?
-Hay que empezar por establecer una especie de confianza mutua y una agenda mínima. Sería muy importante que se estableciera el marco referencial: hacia dónde vamos con esto, cuál es el problema que tratamos de resolver y dividirlo en partes. Para nosotros la parte humanitaria es extremadamente importante.
-¿Por encima del revocatorio?
-No diría que está por encima del otro. Pertenecen a diferentes áreas y no sería saludable mezclarlas. Es importante que el Gobierno reconozca que hay una crisis de alimentación y una crisis médica; que se necesitan medidas extraordinarias para resolver eso y que debe hacerse sin que se contamine por la pelea política. La comunidad internacional puede jugar un rol importante. Es necesario atender los temores del Gobierno de que eso signifique intervención extranjera. Se debe dar de una manera que la oposición no gane puntos políticos por haber demostrado que el gobierno es incompetente; este es un asunto humanitario y debe re tratado en términos neutrales.
Los hospitales venezolanos se encuentran en una situación crítica. Foto: Rafael Briceño
El mismo idioma
-Además de la ayuda humanitaria, ¿qué debe ir en la agenda mínima?
-Es importante tener una marco en el tiempo. Esto no puede ser una cosa que se prolongue indefinidamente, porque se convierte en dimes y diretes que no llegan a nada. Tiene que haber una idea del aspecto cronológico: ¿En qué tiempo vamos a resolver esto? Tiene que haber un acuerdo sobre cambios en el TSJ, porque el último proceso de designación de jueces fue muy viciado. En un informe anterior recomendamos la renovación de poderes. Va a ser difícil que se resuelva todo eso en un lapso breve, pero hay que atenderlo. Tiene que estar en la agenda la renovación de los poderes y el restablecimiento de la autonomía; que el Gobierno deje de usar el TSJ como un instrumento para bloquear lo que haga la AN. También hay que atender el tema de los diputados de Amazonas: se suspendió su juramentación, pero no se atendió el problema de fondo. El estado de emergencia debería levantarse.
-¿Por qué?
-No está bien planteado y el propio decreto como tal está expresado en términos tan vagos que son muy peligrosos. El decreto da demasiada discrecionalidad al Ejecutivo, no se aclara qué se busca en el lapso que va a durar. Ese decreto no es rescatable; debería haber una discusión en torno a eso. Necesariamente el revocatorio tiene que ser atendido como tema, porque es urgente en términos políticos y está establecido en la Constitución.
Phillip Gunson toma el ejemplo de las hojas de ruta empleadas en procesos de paz en otros países y se pregunta por qué no fijar algo similar en Venezuela, con base en los puntos que Gobierno y oposición aceptan. “Hay una Constitución que los dos dicen defender y en la que está la solución a buena parte de los problemas”, razona, pero con las actuaciones del TSJ “no hay un árbitro neutral que interprete esa Constitución”. NO obstante, Gunson juzga que la Carta Magna “es un activo del pueblo venezolano”, aceptada por todo el pueblo venezolano. “Es un texto que pertenece a los dos lados”, destaca.
Va más allá: aun cuando ha habido muertes y encarcelamientos, lo que deja cicatrices en la gente, “en el fondo hay un solo pueblo que habla el mismo idioma; son las cúpulas políticas, no el pueblo, las que hablan idiomas diferentes”.
El riesgo de una guerra civil no ha sido desterrado. Foto: AVN
¿Guerra civil?
-¿Y si hay una ruptura dentro de las fuerzas militares?
-Ese es el único escenario en el cual podríamos tener una guerra civil. Obviamente para que haya una guerra civil tiene que haber dos bandos armados; aquí no es que no haya personas con armas, pero organización armada por parte d la oposición no parece haber. Si el ejército se dividiera en dos o más facciones sí podría haber un conflicto armado de mayor envergadura. Podría haber enfrentamientos violentos que quisiéramos evitar. La fuerza armada para los civiles es una caja negra hasta cierto punto, pero por lo que se puede percibir desde afuera hay elementos que quisieran sacar a Maduro del poder o manejar la transición de una manera distinta a la que pretende el Gobierno.
-¿Por qué lo dice?
-Lo digo por las declaraciones de Miguel Rodríguez Torres y de Clíver Alcalá, quienes han podido decir lo que han dicho sin consecuencias; esto hace pensar que no están solos, porque de estar aislados sufrirían las consecuencias de la disidencia. Tenemos que suponer que hay militares activos que piensan de la misma manera y eso representa un peligro, porque obviamente que hay militares activos del lado del Gobierno. No sabemos cómo se va a resolver eso.
-Crisis Group argumenta que los facilitadores del diálogo deben ser aceptables para ambas partes. ¿No es suficiente con Unasur?
-A partir de varios acontecimientos en la región, la balanza se ha ido moviendo hacia el lado de la OEA. En los últimos tiempos hemos visto que Unasur es el foro preferido por el Gobierno para la mediación. En cambio la oposición prefiere la OEA. El problema con la facilitación de Rodríguez Zapatero es que parece unilateral, aun cuando en el ámbito internacional hay actores de mucho peso que han apostado por ese espacio de diálogo.
-¿Qué hacer entonces?
-Pensamos que hace falta reforzar ese grupo, porque si siguen solos no van a llegar muy lejos. Necesitan facilitadores con más diversidad. Hace falta la presencia de los gobiernos de la región. Habría que contar con el Gobierno de Brasil, por ejemplo. La Carta Democrática ha sido malinterpretada, porque lo que privilegia son las vías diplomáticas, y solo en caso de que no se logre reparar la ruptura del hilo democrático se considerarían otras medidas, como la suspensión del país miembro. No creemos que haya una contradicción entre proseguir el diálogo y aplicar la Carta Democrática. Por el contrario, creemos que la vía de la Carta es la más expedita para lograr la facilitación, un diálogo más efectivo, con tiempos y con agenda.
-¿Cuánto tiempo más podemos estar así?
-La velocidad del deterioro de la situación es mucho mayor que la velocidad de las reacciones internas y de los mecanismos externos para resolver. El gran temor es que esto llegue al punto de ebullición mucho antes de que se logren establecer los mecanismos para resolverlo.
El informe elaborado por International Crisis Group es público. Por cierto, la labor de este grupo no concluye con la difusión del documento. “No nos creemos dueños de la verdad”, aclara Gunson. “Somos una ONG, hacemos recomendaciones pero no actuamos”. Aunque han querido tener una relación con el Gobierno “no ha sido posible hasta el momento”, lamenta el analista. “Es una lástima, porque nos gustaría poder incorporar sus puntos de vista en el análisis que ofrecemos”. Mas no fue posible. Otra negativa se suma a las múltiples que se han convertido norma en Venezuela.
