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Siete magistrados se sientan en el despacho más poderoso del Tribunal Supremo de Justicia. Cinco tiene un pasado absolutamente rojo, incluidos un vicerrector de la Universidad Bolivariana y la hermana del fiscal Danilo Anderson
Dice la magistrada emérita, Blanca Rosa Mármol de León, que en Venezuela “no hay Constitución, sino Sala Constitucional”. Con esta expresión, Mármol de León trata de ilustrar el poder que concentra esa instancia del Tribunal Supremo de Justicia.
El TSJ está compuesto por seis salas, pero ninguna es tan influyente como la que interpreta –y según sus críticos, “distorsiona”- la Carta Magna. Ni siquiera la Sala Plena, que agrupa a los 32 togados del organismo, está por encima de la Constitucional. Sobre ella, quizás, solo cabe introducir un recurso ante la Corte Celestial.
Sin embargo, esa no es su única particularidad. De los siete magistrados que integran la Sala Constitucional, tres militaron públicamente en el chavismo. Esa cantidad solo es igualada por la Sala Electoral, en el ojo del huracán desde diciembre pasado por la impugnación de los diputados del estado Amazonas y el representante indígena del sur.
“Por sus frutos los conoceréis”, reza la Biblia. Por sus sentencias y declaraciones, puede intuirse de qué color es el corazoncito de los jueces. Pero hay unos que no dejan lugar a dudas. La presidenta del TSJ y de la Sala Constitucional, Gladys Gutiérrez, fue candidata a la gobernación de Nueva Esparta y diputada suplente a la Asamblea Nacional por ese mismo estado con el extinto Movimiento Quinta República (MVR).
Persona de confianza del difunto presidente Hugo Chávez, Gutiérrez fue cónsul general de Venezuela en Madrid, embajadora ante el reino de España y procuradora general de la República. Es decir, la abogada del Gobierno chavista.
Juan José Mendoza salió de la Asamblea Nacional en 2010 y aterrizó en la Sala Constitucional del TSJ. En la Cámara representó al estado Trujillo y dirigió la Comisión de Defensa por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En sus tiempos de parlamentario oficialista, llegó a denunciar que en el país circulaban entre “9 y 15 millones” de armas ilegales.
Del trío en cuestión, fue Calixto Ortega quien se mantuvo por más tiempo en las luchas partidistas. Estuvo en la lista que postuló el PSUV para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 en el estado Zulia, y además de acumular millas como diputado en la AN, este dirigente zuliano también fue vicecanciller para Europa y encargado de negocios de la embajada de Venezuela en Estados Unidos.
La Sala Constitucional fue remozada el 23 de diciembre de 2015 por la mayoría chavista del Parlamento. La renovación sirvió para incorporar a Ortega y a otras figuras con pasado rojo: Luis Fernando Damiani Bustillos, antiguo viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio de Educación Universitaria y vicerrector de la Universidad Bolivariana, y Lourdes Benicia Suárez Anderson, hermana del fiscal Danilo Anderson, víctima de un atentado el 18 de noviembre de 2004.
Estos cinco señores, junto con los veteranos Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio de Jesús Delgado Rosales, imponen sus criterios a todo el país, apoyan las decisiones del Gobierno y desafían a la Asamblea Nacional desde el estrado más empinado de la República.