“La figura del acompañamiento internacional rompió con el viejo modelo tutelar e injerencista impuesto en el país (…) nadie en Venezuela va a calificar o refrendar el proceso electoral (…)”, aseguró en un programa de televisión el 19 de septiembre de 2012, la rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas. Criterio que tres años más tarde es compartido por el presidente Nicolás Maduro, donde aseguraba que “Venezuela no es monitoreada por nadie”.
Ante tales señalamientos, los diplomáticos Milos Alcalay y Diego Arria, plantean que la figura del acompañante internacional posee características y limitaciones que la circunscriben únicamente a hacer turismo electoral y a tomarse una fotografía.
El Reglamento en materia de Observación Nacional Electoral y Acompañamiento Internacional Electoral, establece que las misiones de acompañamiento deben mantener bajo reserva el contenido de sus opiniones o sugerencias al ente electoral, así como circunscribir sus labores al periodo de tiempo y a la zona geográfica establecida previamente. Asimismo contempla que no podrían emitir declaraciones antes de culminar la elección y que una vez realizadas no tendrían efectos jurídicos.
Sobre este particular, Diego Arria, exembajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), afirmó “el CNE es el Ministerio de Elecciones del Gobierno nacional, ya el dueño del CNE dijo que no habrá observación. El acompañamiento es turismo electoral y en ese caso pretenden traer gente de Nicaragua, Bolivia, Ecuador y los pocos amigos que le queden en el Caribe para ser legitimados”. Idea que secunda el también exembajador Milos Alcalay al asegurar que con el acompañamiento se pretende avalar una supuesta democracia perfecta. “Este Gobierno lo único que acepta es un acompañamiento, que lo acompañen el día de las elecciones, que vean la computadoras y hagan turismo electoral”.
Consultado por lo que podría ocultar el CNE negándose a invitar organizaciones como la OEA, ONU y la Unión Europea, Alcalay señala que se trataría de irregularidades como la utilización de los recursos del Estado, la participación de efectivos del Plan República, la utilización de motorizados para intimidar a los motorizados, “es decir la fotografía de nuestra realidad, que el Gobierno del presidente Maduro no quiere dejar que se tome”.
Antes posibles sanciones por no permitir la observación internacional, la exrectora principal Sobella Mejías coincide con Alcalay, en que el tema es moral y político más no legal. “Al Gobierno le resbala, le importa un comino, la opinión pública internacional y la de organismos que han expresado su disponibilidad de observar” plantea el diplomático, mientras que Mejías asegura “el punto de vista es más moral y político que legal, no hay sanción”, planteando que ante eso los ciudadanos deben votar masivamente y participar en cada uno de las fases de las auditorias del proceso.
