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3 de marzo de 2015

El pánico del gobierno de Maduro a la transición

Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, considera que el documento “no constituye ningún instrumento sedicioso”. Creo que el que está actuando dentro de un comportamiento completamente inconstitucional es el Gobierno”, confesó la letrada en entrevista, publica Leopoldo Márquez / Diario La Verdad

El Acuerdo Nacional para la Transición y la preocupación de sus propulsores por el “desastre” que vive Venezuela provocaron el enésimo choque entre el Ejecutivo nacional y el sector de la oposición que busca la renuncia inmediata del presidente Nicolás Maduro, quien ve el polémico documento como una “prueba” de los “planes inconstitucionales y conspirativos” de quienes le adversan.

El tratado fue publicado el pasado 11 de febrero en el diario El Nacional y suscrito por los dirigentes María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma. Tenía como finalidad preparar a los ciudadanos para el “cambio” de Gobierno y compartir una serie de medidas para “estabilizar” la democracia de manera “pacífica”. La dirigencia oficialista veía, sin embargo, el acuerdo como “el punto de inicio para detonar el supuesto plan de golpe de Estado y hacer estallar el país”. Una teoría que le costó la libertad a Ledezma, alcalde metropolitano, detenido el pasado 19 de febrero por “conspirar”, y que podría dejar a la diputada Machado tras las rejas.

Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, no entiende por qué en el Ejecutivo nacional hay tanta irritabilidad con la palabra transición. A su juicio, el texto lo que está planteando es la renuncia de Maduro y cuando renuncia un Presidente o muere en el ejercicio de sus funciones, como le pasó a Hugo Chávez, hay un proceso de transición.

“Claro que desde el punto de vista del contenido, indudablemente el documento tiene una crítica fuerte con el desempeño del Gobierno, pero yo inserto esa crítica en el derecho que tenemos todos a la libertad de expresión”.

Las propuestas que suscriben los dirigentes de oposición en el documento son, en palabras de Sosa, un “plan de acción” en lo institucional, en lo económico y en los temas más sensibles para la población que “no constituyen ningún instrumento sedicioso”.

“Puede que no le guste el estilo al señor Maduro, pero todas esas propuestas están encaminadas a encauzar el sistema constitucional vigente, porque Maduro muestra a diario la Carta Magna, pero hace todo lo contrario a lo que dice. Yo creo que, a diferencia de lo que dicen, el que está actuando dentro de un comportamiento completamente inconstitucional es el Gobierno”.

La profesora universitaria considera que el Ejecutivo transformó en un documento de unión opositora el acuerdo, que a su manera de ver podía interpretarse como una ruptura de la unidad, con dos tendencias bien marcadas, que separaba a los tres líderes del resto. “La población ha sentido que meter preso a un ciudadano por firmar este documento no es justo y entonces le está diciendo al Presidente ‘métanos presos a todos si usted cree que es un documento golpista’”.

En señal de solidaridad, otros partidos de oposición como Copei, suscribieron el documento que se ha ido divulgando en las jornadas de recolección de firmas y en las redes sociales. “El resto de las toldas debería sumarse a esta causa que no le hace daño a nadie y que sería un acto de unidad para encarar las próximas elecciones”, confiesa en conversación telefónica Sosa, quien opina que los firmantes de este acuerdo no están ni en contra de las parlamentarias ni en contra de un posible revocatorio.

Extractos del acuerdo

- El pueblo de Venezuela vive una de las circunstancias más difíciles de su historia, a la que ha sido llevado por un régimen que en los últimos 16 años aplicó un modelo fracasado y ha ejercido de manera impune la antidemocracia; un régimen ineficiente y corrupto que robó, regaló y despilfarró recursos públicos cuantiosos, con los cuales se hubiese podido impulsar el bienestar y el progreso de todos, en lugar de generar la ruina que hoy sufrimos.

- El desastre que vivimos responde al proyecto de una élite sin escrúpulos de no más de 100 personas, que tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario, que se ha apoyado en grupos violentos y en un militarismo de cúpulas corruptas para controlar a la sociedad a través de la represión, que degradó las instituciones y que violentó todo ámbito de la sociedad.

- La precariedad y las tensiones que resultan de esta crisis y la insistencia del régimen en “profundizar” el modelo que la genera, pueden llevarnos en muy corto plazo a una emergencia humanitaria y han deslegitimado en extremo al gobierno. Es claro que el régimen no resolverá la crisis y que el gobierno de Maduro ya entró en fase terminal.

- Es obligación de todo demócrata ayudar a resolver la actual crisis, defender la libertad, evitar que el ya ineludible derrumbe del régimen desborde los cauces de la paz y la constitucionalidad y hacer que la transición, es decir, el paso del sistema superado a uno nuevo lleno de esperanza, se produzca de la mano de la mayoría de los venezolanos.

- Hacemos un llamado, sin distingos políticos y trascendiendo las diferencias, para que pongamos en marcha, con la urgencia del caso, un Acuerdo Nacional para la Transición en el que esté representada la Unidad de todos los ciudadanos de Venezuela, a través de las visiones de los trabajadores, los jóvenes, los empresarios, los académicos, los políticos, los miembros de las iglesias y de la Fuerza Armada.

Tres agendas de acciones concretas

- Una agenda política-institucional dirigida a restituir las libertades conculcadas, la soberanía, la paz social y el Estado de Derecho para restablecer la vigencia plena de las instituciones democráticas y los derechos humanos, liberar a los presos políticos, facilitar el inmediato retorno de los exiliados, reponer el ejercicio efectivo de la libertad de expresión, asegurar la lealtad y el apego de la Fuerza Armada Nacional a la Constitución y su desvinculación de toda actividad político-partidista.

- Una agenda para atender la emergencia social y asegurar la atención eficaz a los sectores más vulnerables, reestableciendo a cortísimo plazo el abastecimiento normal de alimentos y otros bienes de consumo esencial de las familias y los suministros de repuestos e insumos que impiden la operación de las cadenas de distribución. Corregir las fallas de los servicios públicos fundamentales en todo el país, con especial prioridad en los de electricidad, agua, saneamiento, gas doméstico y transporte público y enfrentar como prioridad de Estado la emergencia de seguridad ciudadana.

- Una agenda económica enfocada en estabilizar la economía, recuperar el ingreso familiar y generar confianza en el país para recuperar la capacidad operativa y elevar significativamente la producción de la industria petrolera, revisar los marcos legales y los acuerdos lesivos a la misma y designar una nueva directiva de PDVSA. Desacelerar el proceso inflacionario actual, asumir una política cambiaria que promueva la producción nacional y, en general, corregir los desequilibrios macroeconómicos generados por años de excesos y corruptelas; restablecer la autonomía del BCV.
Chávez pidió transición

En julio de 1992 Hugo Chávez, Diosdado Cabello y Francisco Arias Cárdenas, entre otros comandantes del 4-F, emitieron, según publicó El Nacional, un documento en el que proponían “una transición”, la renuncia del presidente, la constitución de un “gobierno de emergencia nacional”, la convocatoria de un “foro nacional” (parlamento constituyente) y la adopción de medidas económicas. La propuesta “¿Y cómo salir de este laberinto?”, publicada para aquel entonces en El Correo Bolivariano, guarda bastante similitud con el documento el acuerdo nacional para la transición, que el presidente Nicolás Maduro califica de subversivo.
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