Nueve federaciones de maestros, de personal administrativo y de obreros del gremio educativo protestaron ayer ante las 63 unidades del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Personal del Ministerio de Educación, ubicadas en varios estados del país para exigir la destitución de la junta administrativa debido al deterioro de los centros de salud dedicados a atender a este sector.
El presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru, calculó que más de 10 sedes del Ipasme se encuentran colapsadas. Advirtió que al menos 4 centros asistenciales, ubicados en Aragua, Guárico, Sucre y Portuguesa, no están operativos debido a la escasez de médicos especialistas, a la falta de insumos, medicamentos y equipos médicos, y al retraso de hasta 6 meses para el otorgamiento de citas médicas. Indicó que en el caso de Portuguesa, la unidad médico-odontológica no presta servicio desde hace 3 años.
Ramón Rengifo, presidente del Colegio de Profesores, calcula por su parte que hay 19 unidades médicas sin funcionar.
Los gremios responsabilizan de esta situación a la “ineficacia y mala gerencia” de las 13 juntas administradoras que han pasado por el Ipasme en los últimos 15 años. En ese sentido, exigieron que el ente vuelva a ser dirigido por los educadores y que se restituya el papel del consejo directivo, órgano contralor del manejo financiero del instituto.
“Allí deberían estar representados los delegados de las diferentes federaciones. Hemos recibido denuncias de presunta corrupción. Donde no hay contraloría puede darse la presunción de que no están manejando las cosas en buena lid”, afirmó Rengifo.
El presidente de la Federación de Educadores de Venezuela, Ángel Marín, denunció que la junta administradora ha sido nombrada a dedo por el ME, lo que violenta los estatutos de la institución. De acuerdo con la normativa, los trabajadores deben tener representación en la directiva del Ipasme.
Aportes no retribuidos. El Ministerio de Educación descuenta quincenalmente 6% del salario a cada trabajador para mantener el servicio del Ipasme. Sin embargo, aunado a la denuncia de deterioro de estas sedes, la política gubernamental se ha centrado en que solo 30% de la atención se destine a los afiliados y sus familiares y 70% al público en general, explicaron los representantes gremiales.
“No conseguimos atención en hospitales y el ministerio no cumple con el HCM porque no le paga a las clínicas. Todo eso ha hecho colapsar el instituto, que nos da la atención preventiva”, dijo Alzuru.
