Los parientes de víctimas afines con el oficialismo, la oposición y neutrales piden por igual celeridad en las investigaciones. a continuación mostramos en qué estatus están los casos
Unidad de Investigación.- Janeth Frías, madre de Bassil Dacosta, fue a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el miércoles 26 noviembre de 2014 a las 10:00 de la mañana, para pedir una audiencia con Gladys Gutiérrez, presidenta de la máxima instancia judicial de Venezuela.
Frías aspiraba plantearle a Gutiérrez su preocupación por el estancamiento de la investigación sobre el asesinato de su hijo, un joven de 24 años que recibió un disparo en la esquina de Tracabordo en la parroquia Candelaria el 12 de febrero del año pasado, durante una marcha convocada por dirigentes de la oposición y el movimiento estudiantil que llegó hasta la sede de la Fiscalía de la República en Parque Carabobo.
Vista la acogida que tuvo el Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado días antes en el TSJ, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, Frías y sus abogados asumieron que se había abierto una oportunidad para acceder a los despachos más altos del Poder Judicial y Moral, y exigir que finalmente arrancara el juicio contra los comisarios del Sebin José Ramón Perdomo Camacho y Melvin Collazo –quién aún no ha sido detenido–, cuatro funcionarios que operaron ese día bajo sus mandos, así como un agente del Ejército y otro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Todos fueron imputados el año pasado por el Ministerio Público (MP), y sus rostros aparecieron en un video publicado por el diario Últimas Noticias, que muestra a los funcionarios cuando disparan contra los manifestantes.
La esperanza de Frías feneció ese mismo día. Un funcionario salió a las puertas del TSJ en la avenida Baralt, y le dijo a ella y a sus abogados que Gutiérrez estaba ocupada con otras obligaciones y no podía recibirlos.
Elenis Rodríguez, una de las defensoras legales de Frías, lamentó haber perdido la diligencia porque tenía un rosario de irregularidades para compartir con la presidenta del TSJ. La primera es que el expediente de Dacosta no ha salido del tribunal 48 de control, encabezado por Nelson Moncada, al tribunal de juicio correspondiente 10 meses después de que fuera asesinado.
Los expedientes son derivados a los tribunales de juicio por la coordinación de distribución. En esta instancia primero alegaron que el expediente de Dacosta estaba retrasado por las investigaciones que el tribunal 48 de control ejecuta sobre el caso de Juan Montoya, el segundo asesinado de las protestas y quien falleció minutos después que Dacosta. Luego los fiscales alegaron que el expediente se había mojado y tenían que rehacerlo antes de enviarlo a distribución. Después indicaron que debían hacer una copia del expediente para sumarlo al que el MP sigue contra el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, por instigar presuntamente a la violencia durante la marcha del 12 de febrero en Caracas.
Otros casos ni siquiera han alcanzado la fase de juicio. Por ejemplo Derrick Redman, padre de Roberto Redman, el tercer asesinado aquel 12 de febrero, no ha superado la fase de investigación penal porque los fiscales no han identificado a ningún sospechoso por la falta de videos y testigos que ayuden a definir la identidad del asesino. A 10 meses del homicidio, los familiares de Redman solo tienen una pista concreta: quien disparó contra Roberto se desplazaba en una moto de alta cilindrada.
En otros casos, los familiares alegan que los sospechosos están identificados pero el MP no ha emprendido las diligencias necesarias para ejecutar las detenciones e iniciar eventualmente un juicio. Así ocurre con el expediente de Juan Montoya, líder del Secretariado Revolucionario de Venezuela, que agrupaba a más de un centenar de colectivos de la Gran Caracas a principios del año pasado.
Su hermano, Jonny Montoya, contó que no tiene esperanzas de que las autoridades juzguen a los culpables por la muerte de "Juancho", quien recibió un disparo en el rostro en las esquinas de Tracabordo y Monroy en la parroquia Calendaria, aquel 12 de febrero.
"De las tres órdenes de captura que emitió la Fiscalía por el caso de mi hermano, no se ha ejecutado ninguna: solo está preso Hermes Barrera porque se entregó, no porque lo hayan buscado", declaró Jonny Montoya.
En julio del año pasado, Barrera se puso a disposición del MP, aunque se declaró inocente. Jonny Montoya aseguró que los otros dos imputados integran el colectivo Waraira Repano, en Pérez Bonalde, y que los ha visto transitar por la calle sin que la Fiscalía haya ejecutado las órdenes de captura. "La Fiscalía tiene videos en los que se ven las caras de los asesinos de mi hermano claramente pero no quieren hacer justicia".
Deudas de la impunidad
Contrapunto logró contactar a los parientes y fuentes vinculadas a las investigaciones de 31 de las 43 muertes investigadas por el MP. Solo el caso de Danny Melgarejo, un estudiante de 20 años que fue apuñaleado en Táchira el sábado 22 de febrero del año pasado, alcanzó una condena judicial. Tres expedientes fueron sobreseídos por falta de pruebas, mientras que tres casos están en la fase intermedia de audiencia preliminar, a la espera de que el MP defina si deben ser imputados o no. Otros seis expedientes están en juicio, de los cuales cuatro involucran a funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado en los homicidios.
Mientras algunos familiares aseguran haber tirado la toalla frente al seguimiento del procedimiento penal y esperan que la "justicia divina" los ayude a identificar a los responsables por las muertes de sus parientes, otros se organizaron para acudir a las instancias nacionales e internacionales con competencia jurídica para monitorear este tipo de casos.
Así surgió el Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, una organización que se hizo pública en noviembre y cuyos miembros han acudido a los poderes Ejecutivo, Ciudadano, Judicial y Legislativo para exigir que se condene a López como el autor intelectual de los asesinatos registrados en las protestas.
Acudieron también a las Naciones Unidas, la Unión Europea, instancias latinoamericanas e incluso a la embajada de Estados Unidos en Caracas para exigir que los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos, así como la exdiputada María Corina Machado, sean juzgados porpromover la violación de los derechos humanos al detentar cargos públicos durante las protestas.
Aunque lograron un acceso privilegiado a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Gladys Gutiérrez, Luisa Ortega Díaz y Gabriela Ramírez, los miembros del comité de víctimas demandan, al igual que los familiares que declinaron sumarse al grupo por diferencias ideológicas o los que no fueron invitados a participar, que se aceleren las investigaciones penales, especialmente en los casos en los que los fiscales no han podido identificar a sospechosos específicos.
Así ocurre con el caso de Julio Eduardo González Pinto, fiscal auxiliar tercero de Carabobo, quien chocó contra una barricada en la avenida Cuatricentenaria de la vía Guataparo, en Valencia. Su esposa Nairobi Oliveros, representante del Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, aclaró a Contrapunto que confía en la diligencia del MP aunque apunta que aún no se ha identificado quiénes montaron los obstáculos, por lo cual el expediente se mantiene en la fase de investigación.
Otros miembros visibles del comité como Yendry Velázquez, esposa del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Ramzor Bracho, padecen los retrasos en la administración de justicia. Velázquez declaró a Contrapunto que la Fiscalía imputó a un hombre de 27 años por el homicidio de su esposo con un disparo en el distribuidor Mañongo del municipio Naguanagua de Valencia, pero no ha sido detenido.
Otros, como Maritza Lobo, alegan que no han tenido acceso a la investigación ejecutada por el MP, aunque el Código Orgánico Procesal Penal contempla que las víctimas de un delito y sus familiares tienen el derecho de ser informados sobre el avance de las experticias.
Maritza es hermana de Doris Lobo, quien falleció en la ciudad de Mérida tras caerse de una moto y golpearse en la cabeza cuando intentó esquivar una alambrada instalada por manifestantes.
Temor a represalias
Familiares de víctimas de funcionarios del Estado han huido del país por miedo a represalias. María Eugenia Tovar es la madre de Génesis Carmona, una modelo de 22 años que murió al recibir un disparo en una manifestación en Carabobo. Pidió asilo político en Estados Unidos. Se limitó a declarar a la prensa que la Fiscalía tiene videos que registran el delito, donde "aparecen caras, plenamente identificables, de personas que trabajan para el Gobierno".
La familia de Guillermo Sánchez, entrenador deportivo de los Criollitos de Venezuela que murió después de recibir un disparo de perdigón en el tórax en el estado Carabobo, se mudó del país a pesar de que su esposa recibió una medida cautelar de protección por haber presenciado el hecho. "En Fiscalía me asignaron unos policías para que me vigilaran pero nunca los mandaron", aseguró Gina Rodríguez a Contrapunto.
Otros esperan ser indemnizados por el Estado. Por ejemplo los parientes de Mariana Ceballos, quien fue arrollada en la avenida Andrés Eloy Blanco de Valencia y permaneció 27 días en terapia intensiva, exigen que la Fiscalía juzgue al responsable luego de dictar el sobreseimiento de Kennet Augusto Martínez y establezca una compensación monetaria por la prolongada hospitalización de Ceballos.
En cambio, la pareja del agente de la Policía Nacional Bolivariana Jorge Steven Colina Tovar recibió un apartamento y un trabajo en el área administrativa del cuerpo policial después de que el funcionario recibiera un disparo mientras disolvía una manifestación en los Palos Grandes.
A casi un año de que estallaran las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro,no hay una lista unificada de víctimas. El MP contabiliza 43 fallecidos, la Defensoría del Pueblo 48, mientras que el Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado y la ONG Foro Penal calculan que fallecieron 44 personas.
