La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó este sábado la suspensión temporal de la deportación de un grupo de ciudadanos venezolanos, presuntamente vinculados a la organización delictiva ‘Tren de Aragua’, cuya expulsión había sido autorizada con base en una ley de 1798 conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros.
La controversial medida fue promovida por el presidente republicano Donald Trump, quien el mes pasado reactivó este instrumento legal para detener a supuestos miembros de bandas criminales y enviarlos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Según registros históricos, esta normativa solo había sido aplicada en momentos de guerra: durante el conflicto entre Estados Unidos y el Imperio británico en 1812, así como en las dos guerras mundiales del siglo pasado.
En su decisión, el máximo tribunal estadounidense dictó: “Se ordena al gobierno no expulsar de Estados Unidos a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos hasta nueva orden de esta corte”.
El pronunciamiento surge tras una solicitud de emergencia presentada por organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (Aclu, por sus siglas en inglés), que pidió detener las deportaciones de venezolanos recluidos en un centro migratorio en Texas.
En el recurso, introducido el viernes por la noche, la Aclu alegó que las autoridades habían notificado a los migrantes que serían expulsados “inminentemente” en aplicación de la ley de 1798.
Lee Gelernt, abogado de la Aclu, expresó su preocupación por la falta de garantías procesales: “Estos hombres estaban en peligro inminente de pasar sus vidas en una horrorosa prisión extranjera sin haber tenido nunca la oportunidad de ir a un tribunal. Nos alivia que la Corte Suprema no haya permitido que el gobierno se los llevara como hizo con otros el mes pasado”.
Defensores de varios venezolanos que ya fueron deportados anteriormente sostienen que sus representados no tenían vínculos con el ‘Tren de Aragua, ni historial delictivo, y afirman que fueron seleccionados como parte de esta operación debido a sus tatuajes.
En respuesta, el Ejecutivo estadounidense presentó una moción ante la Corte Suprema solicitando que no se restrinja el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a personas calificadas como amenazas a la seguridad nacional. Además, argumentó que, incluso si se invalida este marco legal, las deportaciones podrían ejecutarse bajo otras normativas vigentes.
Trump insiste en que Venezuela ejecuta una “invasión”
Durante sus recientes declaraciones, Trump ha acusado al gobierno de Venezuela de estar detrás de una “invasión” a territorio estadounidense a través del ingreso de supuestos criminales organizados. Esta narrativa ha sido central en su campaña política, en la que ha reiterado su promesa de expulsar a millones de migrantes indocumentados.
A comienzos de mes, la propia Corte Suprema había advertido que cualquier persona sujeta a un proceso de deportación en el marco de esta antigua ley debía contar con la posibilidad de impugnar su expulsión ante un juez.
En su petición del viernes, la Aclu reiteró que los venezolanos detenidos en Texas estaban siendo removidos “sin previo aviso ni la oportunidad de ser escuchados”. Añadieron que “muchos individuos han sido ya puestos en autobuses, presuntamente dirigidos hacia el aeropuerto”.
El futuro de los migrantes aún retenidos, así como la legalidad del uso de una ley del siglo XVIII en el contexto actual, sigue bajo revisión judicial.
