La Administraci贸n de Donald Trump defendi贸 este martes por la noche que los dos vuelos con venezolanos deportados no incumplieron la orden de un juez federal que suspend铆a temporalmente dichas expulsiones, respald谩ndose en una antigua ley de tiempos de guerra.
El juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, hab铆a ordenado previamente al Departamento de Justicia que explicara por qu茅 no se detuvieron los vuelos que trasladaron a presuntos miembros de bandas criminales venezolanas hacia El Salvador el pasado 15 de marzo, pese a su dictamen de suspensi贸n por dos semanas. La administraci贸n argument贸 que las deportaciones se llevaron a cabo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
En un documento presentado ante el tribunal, los abogados del Departamento de Justicia reiteraron que los aviones ya hab铆an salido del espacio a茅reo estadounidense cuando Boasberg emiti贸 la orden escrita a las 7:25 p. m. (hora del Este), por lo que no hab铆a obligaci贸n de hacerlos regresar. Adem谩s, desestimaron la relevancia de la orden oral que el juez pronunci贸 dos horas antes, durante una audiencia en la que solicit贸 detener cualquier vuelo relacionado.
Boasberg hab铆a solicitado m谩s informaci贸n sobre la hora exacta de despegue de los vuelos y el n煤mero de venezolanos a bordo para evaluar si su orden fue violada. Sin embargo, el Departamento de Justicia no proporcion贸 estos detalles.
El juez dio a la administraci贸n la posibilidad de invocar el privilegio de secretos de Estado, un principio legal que restringe la divulgaci贸n de informaci贸n sensible en litigios civiles, y justific贸 esta decisi贸n al considerar que la solicitud del juez interfer铆a en las competencias del Poder Ejecutivo sobre diplomacia y seguridad nacional.
«La divulgaci贸n de esta informaci贸n podr铆a causar un da帽o significativo a los intereses de las relaciones exteriores de los Estados Unidos«, afirm贸 el secretario de Estado, Marco Rubio, en una declaraci贸n presentada ante el juez.
Por su parte, los abogados que representan a los migrantes venezolanos tendr谩n hasta el 31 de marzo para responder a los argumentos del Departamento de Justicia. Boasberg advirti贸 sobre posibles consecuencias si determina que la administraci贸n viol贸 su orden, aunque no especific贸 cu谩les ser铆an.
El caso representa una prueba clave para las amplias facultades ejecutivas reclamadas por Trump. Con el respaldo mayoritario de su partido en ambas c谩maras del Congreso, los tribunales federales han surgido como uno de los principales contrapesos a las medidas impulsadas por el mandatario.
Tras la decisi贸n de Boasberg de suspender las deportaciones, Trump solicit贸 la destituci贸n del juez mediante un proceso de juicio pol铆tico. En respuesta, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emiti贸 un inusual comunicado en el que critic贸 la postura del mandatario, destacando que las apelaciones judiciales, y no el juicio pol铆tico, son el mecanismo adecuado para impugnar decisiones judiciales.
Con informaci贸n de Reuters.