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1 de noviembre de 2016

Ramos Allup: “El gobierno venezolano es una dictadura y se sostiene precariamente”



Henry Ramos Allup.- Las expresiones “Estado canalla, gamberro o villano” se aplican en el ámbito internacional al Estado (y al gobierno) acusado de ser una amenaza para la paz mundial, dominado por un régimen autoritario, que restrinja severamente los derechos humanos, propicie el terrorismo dentro o fuera de su ámbito y pretenda la proliferación de armas de destrucción masiva. La denominación “Estado fallido” se aplica al Estado (y al gobierno) que no ejerce el poder cabalmente dentro de su propio territorio o lo ejerce indebidamente, o no satisface las necesidades fundamentales de la población como alimentación, salud, educación y servicios públicos. Resultaría ocioso enumerar cuáles de las características distintivas del gobierno canalla y del gobierno fallido son aplicables al régimen venezolano, pero viene al caso determinar cómo y qué sostiene una estructura de poder de estas características.

Cuando se nos pregunta si el gobierno venezolano es una dictadura o una democracia, respondemos sin ambages que es una dictadura y no una democracia. Aunque parezca una antinomia, hay dictaduras que se denominan democráticas sea porque tienen origen electivo (legitimidad de origen) o porque sin tener origen en el voto mayoritario tienen legitimidad de desempeño y por ello son apreciadas favorablemente por la mayoría de la población. El gobierno venezolano es una dictadura que tuvo legitimidad de origen pero carece totalmente de legitimidad de desempeño. Aproximadamente el 70% por ciento de los ciudadanos con derecho a voto quiere revocar democráticamente a un mandatario que en su momento fue electo por una diferencia irrisoria y cuestionable que el propio interesado jamás se atrevió aclarar.

Indudable que al gobierno no lo sostiene la voluntad popular y por eso le huye despavoridamente. Se sostiene precariamente, volvemos a repetirlo, con las argucias de una oficina electoral que sabotea en vez de propiciar y favorecer las consultas electorales; con las decisiones aberradas y aberrantes de un sistema judicial integrado por jueces indignos y venales que violan continuadamente la Constitución y las leyes y por eso merecen ser procesados; y por el apoyo de una cúpula militar cómplice de las malandanzas del régimen que ha convertido a la totalidad de la fuerza armada (tan victima como todo el pueblo) en un apéndice político del partido de gobierno.

El caso de la FAN es particularmente grave por la importancia de la institución militar. En su interior hierven las críticas contra los mandos por haberlas recargado no sólo con el costo de la represión sino con el fardo de la corrupción e ineficiencia del gobierno y de unos cuantos altos oficiales complicados en las peores imputaciones. La verticalidad de la organización ha sido severamente cuestionada ante mandos que mientras sostienen su condición deliberante para inmiscuirse indebidamente en la disputa político partidista con la intención de amedrentar a los civiles, niegan o sofocan internamente el temido debate. Luz en la calle y oscuridad en casa.

Conocedores de las interioridades de la FAN sostienen que existen en su seno varios grupos de poder sin que ninguno de ellos las controle enteramente. El ministro ha desplazado al alto mando en la vocería político partidista y en sus últimas intervenciones con más visos de defensa que de ataque cita que están al servicio de la Nación pero no menciona la prohibición expresa de militancia política y señala las normas constitucionales y legales que están obligadas a observar sólo para violarlas constantemente.
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