Nuevamente el sistema judicial de Venezuela se ve afectado por las decisiones que toma de manera unilateral y poco confiable el Tribunal Supremo de Justicia, en esta oportunidad sobre el presupuesto del país.
De acuerdo a un artículo del diario El Impulso, es notorio que al esta institución tomar facultade para decidir sobre el mencionado particular y lo deja a la consideración de la Sala Constitucional, para que lo apruebe, la máxima instancia judicial del país quebranta el Estado de Derecho, lo que colocaría a la ciudadanía “al borde de la dictadura”.
Esta afirmación fue formulada por el Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDEC, quien a su vez indicó que “no hay democracia si no hay autonomía e independencia de los poderes públicos”.
A su vez, esa sentencia constituye una desviación de poderes, observó Nancy Rodríguez de Rodríguez, quien fuera presidenta de la comisión evaluadora de jueces de Venezuela.
Rodríguez, indicó que la Sala Constitucional no tiene competencia en el campo legislativo, explicó. Quien sí puede legislar sobre el proyecto de Ley de Presupuesto, tras analizarlo y aprobarlo si ese fuere el caso, es la Asamblea Nacional.
Se trata de una ley de la República y es una de las pocas que jamás puede ser sometida a un revocatorio abrogatorio, figura constitucional mediante la cual los ciudadanos pueden derogar cualquier ley nacional.