“Creemos que es suficiente que se establezca que la remoción puede ser decidida por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional (…) lo que se trata es de atornillar a una funcionaria que se le está pagando por condenar a Leopoldo López”, afirmó el diputado Guillermo Palacios (MUD/Lara), al rechazar la modificación de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública General.
La intervención del parlamentario opositor se produjo minutos antes que la mayoría oficialista aprobara la modificación del artículo 11 y la incorporación de los artículos 15 y 16 al instrumento legal, en donde se establecen la causales de remoción y las autoridades involucradas en el procedimiento para la destitución de la Defensora Pública General, en este caso, de Susana Barreiros.
La reforma fue presentada por el diputado Pedro Carreño (PSUV/Lara), quien indicó que el máximo tribunal del país tendrá la potestad de inspeccionar y vigilar las defensorías públicas, de acuerdo a lo que establece el artículo 267 de la Constitución nacional.
Sobre este particular hubo un intercambio de palabras, por cuanto el legislador psuvista dudó de los conocimientos de Palacios en materia constitucional, al punto que se preguntó por la casa de estudios que otorgó el título de Abogado al opositor.
Sin embargo, Carreño demostró su poco discernimiento en cuanto al funcionamiento interno del TSJ, asegurando que la remoción de la Defensora Pública la calificaría la Sala Constitucional (siete magistrados) en lugar de la Sala Plena (32 magistrados de las seis salas), tal como lo establece el mismo texto legal sometido a revisión durante la sesión extraordinaria de este martes.